¿El derecho a la propiedad es un derecho humano?

                                  

ARTICULO 27. LA PROPIEDAD DE LAS TIERRAS Y AGUAS COMPRENDIDAS DENTRO DE LOS LÍMITES DEL TERRITORIO NACIONAL, CORRESPONDE ORIGINARIAMENTE A LA NACION, LA CUAL HA TENIDO Y TIENE EL DERECHO DE TRANSMITIR EL DOMINIO DE ELLAS A LOS PARTICULARES, CONSTITUYENDO LA PROPIEDAD PRIVADA.

LAS EXPROPIACIONES SOLO PODRAN HACERSE POR CAUSA DE UTILIDAD PUBLICA Y MEDIANTE INDEMNIZACION.

LA NACION TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE IMPONER A LA PROPIEDAD PRIVADA LAS MODALIDADES QUE DICTE EL INTERES PUBLICO, ASI COMO EL DE REGULAR, EN BENEFICIO SOCIAL, EL APROVECHAMIENTO DE LOS ELEMENTOS NATURALES SUSCEPTIBLES DE APROPIACION, CON OBJETO DE HACER UNA DISTRIBUCION EQUITATIVA DE LA RIQUEZA PUBLICA, CUIDAR DE SU CONSERVACION, LOGRAR EL DESARROLLO EQUILIBRADO DEL PAIS Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION RURAL Y URBANA. EN CONSECUENCIA, SE DICTARAN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ORDENAR LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y ESTABLECER ADECUADAS PROVISIONES, USOS, RESERVAS Y DESTINOS DE TIERRAS, AGUAS Y BOSQUES, A EFECTO DE EJECUTAR OBRAS PUBLICAS Y DE PLANEAR Y REGULAR LA FUNDACION, CONSERVACION, MEJORAMIENTO Y CRECIMIENTO DE LOS CENTROS DE POBLACION; PARA PRESERVAR Y RESTAURAR EL EQUILIBRIO ECOLOGICO; PARA EL FRACCIONAMIENTO DE LOS LATIFUNDIOS; PARA DISPONER, EN LOS TERMINOS DE LA LEY REGLAMENTARIA, LA ORGANIZACION Y EXPLOTACION COLECTIVA DE LOS EJIDOS Y COMUNIDADES; PARA EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD RURAL; PARA EL FOMENTO DE LA AGRICULTURA, DE LA GANADERIA, DE LA SILVICULTURA Y DE LAS DEMAS ACTIVIDADES ECONOMICAS EN EL MEDIO RURAL, Y PARA EVITAR LA DESTRUCCION DE LOS ELEMENTOS NATURALES Y LOS DAÑOS QUE LA PROPIEDAD PUEDA SUFRIR EN PERJUICIO DE LA SOCIEDAD.

CORRESPONDE A LA NACION EL DOMINIO DIRECTO DE TODOS LOS RECURSOS NATURALES DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL Y LOS ZOCALOS SUBMARINOS DE LAS ISLAS; DE TODOS LOS MINERALES O SUBSTANCIAS QUE EN VETAS, MANTOS, MASAS O YACIMIENTOS, CONSTITUYAN DEPOSITOS CUYA NATURALEZA SEA DISTINTA DE LOS COMPONENTES DE LOS TERRENOS, TALES COMO LOS MINERALES DE LOS QUE SE EXTRAIGAN METALES Y METALOIDES UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA; LOS YACIMIENTOS DE PIEDRAS PRECIOSAS, DE SAL DE GEMA Y LAS SALINAS FORMADAS DIRECTAMENTE POR LAS AGUAS MARINAS; LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA DESCOMPOSICION DE LAS ROCAS, CUANDO SU EXPLOTACION NECESITE TRABAJOS SUBTERRANEOS; LOS YACIMIENTOS MINERALES U ORGANICOS DE MATERIAS SUSCEPTIBLES DE SER UTILIZADAS COMO FERTILIZANTES; LOS COMBUSTIBLES MINERALES SOLIDOS; EL PETROLEO Y TODOS LOS CARBUROS DE HIDROGENO SOLIDOS, LIQUIDOS O GASEOSOS; Y EL ESPACIO SITUADO SOBRE EL TERRITORIO NACIONAL, EN LA EXTENSION Y TERMINOS QUE FIJE EL DERECHO INTERNACIONAL.

SON PROPIEDAD DE LA NACION LAS AGUAS DE LOS MARES TERRITORIALES EN LA EXTENSION Y TERMINOS QUE FIJE EL DERECHO INTERNACIONAL; LAS AGUAS MARINAS INTERIORES; LAS DE LAS LAGUNAS Y ESTEROS QUE SE COMUNIQUEN PERMANENTE O INTERMITENTEMENTE CON EL MAR; LAS DE LOS LAGOS INTERIORES DE FORMACION NATURAL QUE ESTEN LIGADOS DIRECTAMENTE A CORRIENTES CONSTANTES; LAS DE LOS RIOS Y SUS AFLUENTES DIRECTOS O INDIRECTOS, DESDE EL PUNTO DEL CAUCE EN QUE SE INICIEN LAS PRIMERAS AGUAS PERMANENTES, INTERMITENTES O TORRENCIALES, HASTA SU DESEMBOCADURA EN EL MAR, LAGOS, LAGUNAS O ESTEROS DE PROPIEDAD NACIONAL; LAS DE LAS CORRIENTES CONSTANTES O INTERMITENTES Y SUS AFLUENTES DIRECTOS O INDIRECTOS, CUANDO EL CAUCE DE AQUELLAS EN TODA SU EXTENSION O EN PARTE DE ELLAS, SIRVA DE LIMITE AL TERRITORIO NACIONAL O A DOS ENTIDADES FEDERATIVAS, O CUANDO PASE DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA A OTRA O CRUCE LA LINEA DIVISORIA DE LA REPUBLICA; LA DE LOS LAGOS, LAGUNAS O ESTEROS CUYOS VASOS, ZONAS O RIBERAS, ESTEN CRUZADAS POR LINEAS DIVISORIAS DE DOS O MAS ENTIDADES O ENTRE LA REPUBLICA Y UN PAIS VECINO, O CUANDO EL LIMITE DE LAS RIBERAS SIRVA DE LINDERO ENTRE DOS ENTIDADES FEDERATIVAS O A LA REPUBLICA CON UN PAIS VECINO; LAS DE LOS MANANTIALES QUE BROTEN EN LAS PLAYAS, ZONAS MARITIMAS, CAUCES, VASOS O RIBERAS DE LOS LAGOS, LAGUNAS O ESTEROS DE PROPIEDAD NACIONAL, Y LAS QUE SE EXTRAIGAN DE LAS MINAS; Y LOS CAUCES, LECHOS O RIBERAS DE LOS LAGOS Y CORRIENTES INTERIORES EN LA EXTENSION QUE FIJA LA LEY. LAS AGUAS DEL SUBSUELO PUEDEN SER LIBREMENTE ALUMBRADAS MEDIANTE OBRAS ARTIFICIALES Y APROPIARSE POR EL DUEÑO DEL TERRENO, PERO CUANDO LO EXIJA EL INTERES PUBLICO O SE AFECTEN OTROS APROVECHAMIENTOS, EL EJECUTIVO FEDERAL PODRA REGLAMENTAR SU EXTRACCION Y UTILIZACION Y AUN ESTABLECER ZONAS VEDADAS, AL IGUAL QUE PARA LAS DEMAS AGUAS DE PROPIEDAD NACIONAL. CUALESQUIERA OTRAS AGUAS NO INCLUIDAS EN LA ENUMERACION ANTERIOR, SE CONSIDERARAN COMO PARTE INTEGRANTE DE LA PROPIEDAD DE LOS TERRENOS POR LOS QUE CORRAN O EN LOS QUE SE ENCUENTREN SUS DEPOSITOS, PERO SI SE LOCALIZAREN EN DOS O MAS PREDIOS, EL APROVECHAMIENTO DE ESTAS AGUAS SE CONSIDERARA DE UTILIDAD PUBLICA, Y QUEDARA SUJETO A LAS DISPOSICIONES QUE DICTEN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.

EN LOS CASOS A QUE SE REFIEREN LOS DOS PARRAFOS ANTERIORES, EL DOMINIO DE LA NACION ES INALIENABLE E IMPRESCRIPTIBLE Y LA EXPLOTACION, EL USO O EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS DE QUE SE TRATA, POR LOS PARTICULARES O POR SOCIEDADES CONSTITUIDAS CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, NO PODRA REALIZARSE SINO MEDIANTE CONCESIONES, OTORGADAS POR EL EJECUTIVO FEDERAL, DE ACUERDO CON LAS REGLAS Y CONDICIONES QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES, SALVO EN RADIODIFUSION Y TELECOMUNICACIONES, QUE SERAN OTORGADAS POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. LAS NORMAS LEGALES RELATIVAS A OBRAS O TRABAJOS DE EXPLOTACION DE LOS MINERALES Y SUBSTANCIAS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO CUARTO, REGULARAN LA EJECUCION Y COMPROBACION DE LOS QUE SE EFECTUEN O DEBAN EFECTUARSE A PARTIR DE SU VIGENCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FECHA DE OTORGAMIENTO DE LAS CONCESIONES, Y SU INOBSERVANCIA DARA LUGAR A LA CANCELACION DE ESTAS. EL GOBIERNO FEDERAL TIENE LA FACULTAD DE ESTABLECER RESERVAS NACIONALES Y SUPRIMIRLAS. LAS DECLARATORIAS CORRESPONDIENTES SE HARAN POR EL EJECUTIVO EN LOS CASOS Y CONDICIONES QUE LAS LEYES PREVEAN. TRATANDOSE DE MINERALES RADIACTIVOS NO SE OTORGARAN CONCESIONES. CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE A LA NACION LA PLANEACION Y EL CONTROL DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL, ASI COMO EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA; EN ESTAS ACTIVIDADES NO SE OTORGARAN CONCESIONES, SIN PERJUICIO DE QUE EL ESTADO PUEDA CELEBRAR CONTRATOS CON PARTICULARES EN LOS TERMINOS QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES, MISMAS QUE DETERMINARAN LA FORMA EN QUE LOS PARTICULARES PODRAN PARTICIPAR EN LAS DEMAS ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA ELECTRICA.

TRATANDOSE DEL PETROLEO Y DE LOS HIDROCARBUROS SOLIDOS, LIQUIDOS O GASEOSOS, EN EL SUBSUELO, LA PROPIEDAD DE LA NACION ES INALIENABLE E IMPRESCRIPTIBLE Y NO SE OTORGARAN CONCESIONES. CON EL PROPOSITO DE OBTENER INGRESOS PARA EL ESTADO QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LARGO PLAZO DE LA NACION, ESTA LLEVARA A CABO LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACION Y EXTRACCION DEL PETROLEO Y DEMAS HIDROCARBUROS MEDIANTE ASIGNACIONES A EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO O A TRAVES DE CONTRATOS CON ESTAS O CON PARTICULARES, EN LOS TERMINOS DE LA LEY REGLAMENTARIA. PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DE DICHAS ASIGNACIONES O CONTRATOS LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO PODRAN CONTRATAR CON PARTICULARES. EN CUALQUIER CASO, LOS HIDROCARBUROS EN EL SUBSUELO SON PROPIEDAD DE LA NACION Y ASI DEBERA AFIRMARSE EN LAS ASIGNACIONES O CONTRATOS.

CORRESPONDE TAMBIEN A LA NACION EL APROVECHAMIENTO DE LOS COMBUSTIBLES NUCLEARES PARA LA GENERACION DE ENERGIA NUCLEAR Y LA REGULACION DE SUS APLICACIONES EN OTROS PROPOSITOS. EL USO DE LA ENERGIA NUCLEAR SOLO PODRA TENER FINES PACIFICOS.

LA NACION EJERCE EN UNA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA SITUADA FUERA DEL MAR TERRITORIAL Y ADYACENTE A ESTE, LOS DERECHOS DE SOBERANIA Y LAS JURISDICCIONES QUE DETERMINEN LAS LEYES DEL CONGRESO. LA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA SE EXTENDERA A DOSCIENTAS MILLAS NAUTICAS, MEDIDAS A PARTIR DE LA LINEA DE BASE DESDE LA CUAL SE MIDE EL MAR TERRITORIAL. EN AQUELLOS CASOS EN QUE ESA EXTENSION PRODUZCA SUPERPOSICION CON LAS ZONAS ECONOMICAS EXCLUSIVAS DE OTROS ESTADOS, LA DELIMITACION DE LAS RESPECTIVAS ZONAS SE HARA EN LA MEDIDA EN QUE RESULTE NECESARIO, MEDIANTE ACUERDO CON ESTOS ESTADOS.

LA CAPACIDAD PARA ADQUIRIR EL DOMINIO DE LAS TIERRAS Y AGUAS DE LA NACION, SE REGIRA POR LAS SIGUIENTES PRESCRIPCIONES:

I. SOLO LOS MEXICANOS POR NACIMIENTO O POR NATURALIZACION Y LAS SOCIEDADES MEXICANAS TIENEN DERECHO PARA ADQUIRIR EL DOMINIO DE LAS TIERRAS, AGUAS Y SUS ACCESIONES O PARA OBTENER CONCESIONES DE EXPLOTACION DE MINAS O AGUAS. EL ESTADO PODRA CONCEDER EL MISMO DERECHO A LOS EXTRANJEROS, SIEMPRE QUE CONVENGAN ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EN CONSIDERARSE COMO NACIONALES RESPECTO DE DICHOS BIENES Y EN NO INVOCAR, POR LO MISMO, LA PROTECCION DE SUS GOBIERNOS POR LO QUE SE REFIERE A AQUELLOS; BAJO LA PENA, EN CASO DE FALTAR AL CONVENIO, DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION, LOS BIENES QUE HUBIEREN ADQUIRIDO EN VIRTUD DEL MISMO. EN UNA FAJA DE CIEN KILOMETROS A LO LARGO DE LAS FRONTERAS Y DE CINCUENTA EN LAS PLAYAS, POR NINGUN MOTIVO PODRAN LOS EXTRANJEROS ADQUIRIR EL DOMINIO DIRECTO SOBRE TIERRAS Y AGUAS.

EL ESTADO, DE ACUERDO CON LOS INTERESES PUBLICOS INTERNOS Y LOS PRINCIPIOS DE RECIPROCIDAD, PODRA, A JUICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES, CONCEDER AUTORIZACION A LOS ESTADOS EXTRANJEROS PARA QUE ADQUIERAN, EN EL LUGAR PERMANENTE DE LA RESIDENCIA DE LOS PODERES FEDERALES, LA PROPIEDAD PRIVADA DE BIENES INMUEBLES NECESARIOS PARA EL SERVICIO DIRECTO DE SUS EMBAJADAS O LEGACIONES;

II. LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS QUE SE CONSTITUYAN EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 130 Y SU LEY REGLAMENTARIA TENDRAN CAPACIDAD PARA ADQUIRIR, POSEER O ADMINISTRAR, EXCLUSIVAMENTE, LOS BIENES QUE SEAN INDISPENSABLES PARA SU OBJETO, CON LOS REQUISITOS Y LIMITACIONES QUE ESTABLEZCA LA LEY REGLAMENTARIA;

III. LAS INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA, PUBLICA O PRIVADA, QUE TENGAN POR OBJETO EL AUXILIO DE LOS NECESITADOS, LA INVESTIGACION CIENTIFICA, LA DIFUSION DE LA ENSEÑANZA, LA AYUDA RECIPROCA DE LOS ASOCIADOS, O CUALQUIER OTRO OBJETO LICITO, NO PODRAN ADQUIRIR MAS BIENES RAICES QUE LOS INDISPENSABLES PARA SU OBJETO, INMEDIATA O DIRECTAMENTE DESTINADOS A EL, CON SUJECION A LO QUE DETERMINE LA LEY REGLAMENTARIA;

IV. LAS SOCIEDADES MERCANTILES POR ACCIONES PODRAN SER PROPIETARIAS DE TERRENOS RUSTICOS PERO UNICAMENTE EN LA EXTENSION QUE SEA NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO.

EN NINGUN CASO LAS SOCIEDADES DE ESTA CLASE PODRAN TENER EN PROPIEDAD TIERRAS DEDICADAS A ACTIVIDADES AGRICOLAS, GANADERAS O FORESTALES EN MAYOR EXTENSION QUE LA RESPECTIVA EQUIVALENTE A VEINTICINCO VECES LOS LIMITES SEÑALADOS EN LA FRACCION XV DE ESTE ARTICULO. LA LEY REGLAMENTARIA REGULARA LA ESTRUCTURA DE CAPITAL Y EL NUMERO MINIMO DE SOCIOS DE ESTAS SOCIEDADES, A EFECTO DE QUE LAS TIERRAS PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD NO EXCEDAN EN RELACION CON CADA SOCIO LOS LIMITES DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD. EN ESTE CASO, TODA PROPIEDAD ACCIONARIA INDIVIDUAL, CORRESPONDIENTE A TERRENOS RUSTICOS, SERA ACUMULABLE PARA EFECTOS DE COMPUTO. ASIMISMO, LA LEY SEÑALARA LAS CONDICIONES PARA LA PARTICIPACION EXTRANJERA EN DICHAS SOCIEDADES.

LA PROPIA LEY ESTABLECERA LOS MEDIOS DE REGISTRO Y CONTROL NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR ESTA FRACCION;

V. LOS BANCOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, CONFORME A LAS LEYES DE INSTITUCIONES DE CREDITO, PODRAN TENER CAPITALES IMPUESTOS SOBRE PROPIEDADES URBANAS Y RUSTICAS DE ACUERDO CON LAS PRESCRIPCIONES DE DICHAS LEYES, PERO NO PODRAN TENER EN PROPIEDAD O EN ADMINISTRACION MAS BIENES RAICES QUE LOS ENTERAMENTE NECESARIOS PARA SU OBJETO DIRECTO;

VI. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LO MISMO QUE LOS MUNICIPIOS DE TODA LA REPUBLICA, TENDRAN PLENA CAPACIDAD PARA ADQUIRIR Y POSEER TODOS LOS BIENES RAICES NECESARIOS PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS.

LAS LEYES DE LA FEDERACION Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN SUS RESPECTIVAS JURISDICCIONES, DETERMINARAN LOS CASOS EN QUE SEA DE UTILIDAD PUBLICA LA OCUPACION DE LA PROPIEDAD PRIVADA, Y DE ACUERDO CON DICHAS LEYES LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA HARA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE. EL PRECIO QUE SE FIJARA COMO INDEMNIZACION A LA COSA EXPROPIADA, SE BASARA EN LA CANTIDAD QUE COMO VALOR FISCAL DE ELLA FIGURE EN LAS OFICINAS CATASTRALES O RECAUDADORAS, YA SEA QUE ESTE VALOR HAYA SIDO MANIFESTADO POR EL PROPIETARIO O SIMPLEMENTE ACEPTADO POR EL DE UN MODO TACITO POR HABER PAGADO SUS CONTRIBUCIONES CON ESTA BASE. EL EXCESO DE VALOR O EL DEMERITO QUE HAYA TENIDO LA PROPIEDAD PARTICULAR POR LAS MEJORAS O DETERIOROS OCURRIDOS CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE LA ASIGNACION DEL VALOR FISCAL, SERA LO UNICO QUE DEBERA QUEDAR SUJETO A JUICIO PERICIAL Y A RESOLUCION JUDICIAL. ESTO MISMO SE OBSERVARA CUANDO SE TRATE DE OBJETOS CUYO VALOR NO ESTE FIJADO EN LAS OFICINAS RENTISTICAS.

EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES QUE CORRESPONDEN A LA NACION, POR VIRTUD DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE ARTICULO, SE HARA EFECTIVO POR EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL; PERO DENTRO DE ESTE PROCEDIMIENTO Y POR ORDEN DE LOS TRIBUNALES CORRESPONDIENTES, QUE SE DICTARA EN EL PLAZO MAXIMO DE UN MES, LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS PROCEDERAN DESDE LUEGO A LA OCUPACION, ADMINISTRACION, REMATE O VENTA DE LAS TIERRAS O AGUAS DE QUE SE TRATE Y TODAS SUS ACCESIONES, SIN QUE EN NINGUN CASO PUEDA REVOCARSE LO HECHO POR LAS MISMAS AUTORIDADES ANTES DE QUE SE DICTE SENTENCIA EJECUTORIADA;

VII. SE RECONOCE LA PERSONALIDAD JURIDICA DE LOS NUCLEOS DE POBLACION EJIDALES Y COMUNALES Y SE PROTEGE SU PROPIEDAD SOBRE LA TIERRA, TANTO PARA EL ASENTAMIENTO HUMANO COMO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.

LA LEY PROTEGERA LA INTEGRIDAD DE LAS TIERRAS DE LOS GRUPOS INDIGENAS. 
LA LEY, CONSIDERANDO EL RESPETO Y FORTALECIMIENTO DE LA VIDA COMUNITARIA DE LOS EJIDOS Y COMUNIDADES, PROTEGERA LA TIERRA PARA EL ASENTAMIENTO HUMANO Y REGULARA EL APROVECHAMIENTO DE TIERRAS, BOSQUES Y AGUAS DE USO COMUN Y LA PROVISION DE ACCIONES DE FOMENTO NECESARIAS PARA ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE SUS POBLADORES. 
LA LEY, CON RESPETO A LA VOLUNTAD DE LOS EJIDATARIOS Y COMUNEROS PARA ADOPTAR LAS CONDICIONES QUE MAS LES CONVENGAN EN EL APROVECHAMIENTO DE SUS RECURSOS PRODUCTIVOS, REGULARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS COMUNEROS SOBRE LA TIERRA Y DE CADA EJIDATARIO SOBRE SU PARCELA. ASIMISMO ESTABLECERA LOS PROCEDIMIENTOS POR LOS CUALES EJIDATARIOS Y COMUNEROS PODRAN ASOCIARSE ENTRE SI, CON EL ESTADO O CON TERCEROS Y OTORGAR EL USO DE SUS TIERRAS; Y, TRATANDOSE DE EJIDATARIOS, TRANSMITIR SUS DERECHOS PARCELARIOS ENTRE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO DE POBLACION; IGUALMENTE FIJARA LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS CONFORME A LOS CUALES LA ASAMBLEA EJIDAL OTORGARA AL EJIDATARIO EL DOMINIO SOBRE SU PARCELA. EN CASO DE ENAJENACION DE PARCELAS SE RESPETARA EL DERECHO DE PREFERENCIA QUE PREVEA LA LEY.

DENTRO DE UN MISMO NUCLEO DE POBLACION, NINGUN EJIDATARIO PODRA SER TITULAR DE MAS TIERRA QUE LA EQUIVALENTE AL 5% DEL TOTAL DE LAS TIERRAS EJIDALES. EN TODO CASO, LA TITULARIDAD DE TIERRAS EN FAVOR DE UN SOLO EJIDATARIO DEBERA AJUSTARSE A LOS LIMITES SEÑALADOS EN LA FRACCION XV.

LA ASAMBLEA GENERAL ES EL ORGANO SUPREMO DEL NUCLEO DE POBLACION EJIDAL O COMUNAL, CON LA ORGANIZACION Y FUNCIONES QUE LA LEY SEÑALE. EL COMISARIADO EJIDAL O DE BIENES COMUNALES, ELECTO DEMOCRATICAMENTE EN LOS TERMINOS DE LA LEY, ES EL ORGANO DE REPRESENTACION DEL NUCLEO Y EL RESPONSABLE DE EJECUTAR LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA.

LA RESTITUCION DE TIERRAS, BOSQUES Y AGUAS A LOS NUCLEOS DE POBLACION SE HARA EN LOS TERMINOS DE LA LEY REGLAMENTARIA;

VIII. SE DECLARAN NULAS:

A) TODAS LAS ENAJENACIONES DE TIERRAS, AGUAS Y MONTES PERTENECIENTES A LOS PUEBLOS, RANCHERIAS, CONGREGACIONES O COMUNIDADES, HECHAS POR LOS JEFES POLITICOS, GOBERNADORES DE LOS ESTADOS, O CUALQUIERA OTRA AUTORIDAD LOCAL EN CONTRAVENCION A LO DISPUESTO EN LA LEY DE 25 DE JUNIO DE 1856 Y DEMAS LEYES Y DISPOSICIONES RELATIVAS;

B) TODAS LAS CONCESIONES, COMPOSICIONES O VENTAS DE TIERRAS, AGUAS Y MONTES, HECHAS POR LAS SECRETARIAS DE FOMENTO, HACIENDA O CUALQUIERA OTRA AUTORIDAD FEDERAL, DESDE EL DIA PRIMERO DE DICIEMBRE DE 1876, HASTA LA FECHA, CON LAS CUALES SE HAYAN INVADIDO Y OCUPADO ILEGALMENTE LOS EJIDOS, TERRENOS DE COMUN REPARTIMIENTO O CUALQUIERA OTRA CLASE, PERTENECIENTES A LOS PUEBLOS, RANCHERIAS, CONGREGACIONES O COMUNIDADES, Y NUCLEOS DE POBLACION.

C) TODAS LAS DILIGENCIAS DE APEO O DESLINDE, TRANSACCIONES, ENAJENACIONES O REMATES PRACTICADOS DURANTE EL PERIODO DE TIEMPO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, POR COMPAÑIAS, JUECES U OTRAS AUTORIDADES DE LOS ESTADOS O DE LA FEDERACION, CON LOS CUALES SE HAYAN INVADIDO U OCUPADO ILEGALMENTE TIERRAS, AGUAS Y MONTES DE LOS EJIDOS, TERRENOS DE COMUN REPARTIMIENTO, O DE CUALQUIERA OTRA CLASE, PERTENECIENTES A NUCLEOS DE POBLACION.

QUEDAN EXCEPTUADAS DE LA NULIDAD ANTERIOR, UNICAMENTE LAS TIERRAS QUE HUBIEREN SIDO TITULADAS EN LOS REPARTIMIENTOS HECHOS CON APEGO A LA LEY DE 25 DE JUNIO DE 1856 Y POSEIDAS EN NOMBRE PROPIO A TITULO DE DOMINIO POR MAS DE DIEZ AÑOS CUANDO SU SUPERFICIE NO EXCEDA DE CINCUENTA HECTAREAS.

IX. LA DIVISION O REPARTO QUE SE HUBIERE HECHO CON APARIENCIA DE LEGITIMA ENTRE LOS VECINOS DE ALGUN NUCLEO DE POBLACION Y EN LA QUE HAYA HABIDO ERROR O VICIO, PODRA SER NULIFICADA CUANDO ASI LO SOLICITEN LAS TRES CUARTAS PARTES DE LOS VECINOS QUE ESTEN EN POSESION DE UNA CUARTA PARTE DE LOS TERRENOS, MATERIA DE LA DIVISION, O UNA CUARTA PARTE DE LOS MISMOS VECINOS CUANDO ESTEN EN POSESION DE LAS TRES CUARTAS PARTES DE LOS TERRENOS.

X. DEROGADA.

XI. DEROGADA.

XII. DEROGADA.

XIII. DEROGADA.

XIV. DEROGADA.

XV. EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUEDAN PROHIBIDOS LOS LATIFUNDIOS.

SE CONSIDERA PEQUEÑA PROPIEDAD AGRICOLA LA QUE NO EXCEDA POR INDIVIDUO DE CIEN HECTAREAS DE RIEGO O HUMEDAD DE PRIMERA O SUS EQUIVALENTES EN OTRAS CLASES DE TIERRAS.

PARA LOS EFECTOS DE LA EQUIVALENCIA SE COMPUTARA UNA HECTAREA DE RIEGO POR DOS DE TEMPORAL, POR CUATRO DE AGOSTADERO DE BUENA CALIDAD Y POR OCHO DE BOSQUE, MONTE O AGOSTADERO EN TERRENOS ARIDOS.

SE CONSIDERARA, ASIMISMO, COMO PEQUEÑA PROPIEDAD, LA SUPERFICIE QUE NO EXCEDA POR INDIVIDUO DE CIENTO CINCUENTA HECTAREAS CUANDO LAS TIERRAS SE DEDIQUEN AL CULTIVO DE ALGODON, SI RECIBEN RIEGO; Y DE TRESCIENTAS, CUANDO SE DESTINEN AL CULTIVO DEL PLATANO, CAÑA DE AZUCAR, CAFE, HENEQUEN, HULE, PALMA, VID, OLIVO, QUINA, VAINILLA, CACAO, AGAVE, NOPAL O ARBOLES FRUTALES.

SE CONSIDERARA PEQUEÑA PROPIEDAD GANADERA LA QUE NO EXCEDA POR INDIVIDUO LA SUPERFICIE NECESARIA PARA MANTENER HASTA QUINIENTAS CABEZAS DE GANADO MAYOR O SU EQUIVALENTE EN GANADO MENOR, EN LOS TERMINOS QUE FIJE LA LEY, DE ACUERDO CON LA CAPACIDAD FORRAJERA DE LOS TERRENOS.

CUANDO DEBIDO A OBRAS DE RIEGO, DRENAJE O CUALESQUIERA OTRAS EJECUTADAS POR LOS DUEÑOS O POSEEDORES DE UNA PEQUEÑA PROPIEDAD SE HUBIESE MEJORADO LA CALIDAD DE SUS TIERRAS, SEGUIRA SIENDO CONSIDERADA COMO PEQUEÑA PROPIEDAD, AUN CUANDO, EN VIRTUD DE LA MEJORIA OBTENIDA, SE REBASEN LOS MAXIMOS SEÑALADOS POR ESTA FRACCION, SIEMPRE QUE SE REUNAN LOS REQUISITOS QUE FIJE LA LEY.

CUANDO DENTRO DE UNA PEQUEÑA PROPIEDAD GANADERA SE REALICEN MEJORAS EN SUS TIERRAS Y ESTAS SE DESTINEN A USOS AGRICOLAS, LA SUPERFICIE UTILIZADA PARA ESTE FIN NO PODRA EXCEDER, SEGUN EL CASO, LOS LIMITES A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DE ESTA FRACCION QUE CORRESPONDAN A LA CALIDAD QUE HUBIEREN TENIDO DICHAS TIERRAS ANTES DE LA MEJORA;

XVI. DEROGADA.

XVII. EL CONGRESO DE LA UNION Y LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, EN SUS RESPECTIVAS JURISDICCIONES, EXPEDIRAN LEYES QUE ESTABLEZCAN LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL FRACCIONAMIENTO Y ENAJENACION DE LAS EXTENSIONES QUE LLEGAREN A EXCEDER LOS LIMITES SEÑALADOS EN LAS FRACCIONES IV Y XV DE ESTE ARTICULO.

EL EXCEDENTE DEBERA SER FRACCIONADO Y ENAJENADO POR EL PROPIETARIO DENTRO DEL PLAZO DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACION CORRESPONDIENTE. SI TRANSCURRIDO EL PLAZO EL EXCEDENTE NO SE HA ENAJENADO, LA VENTA DEBERA HACERSE MEDIANTE PUBLICA ALMONEDA. EN IGUALDAD DE CONDICIONES, SE RESPETARA EL DERECHO DE PREFERENCIA QUE PREVEA LA LEY REGLAMENTARIA.

LAS LEYES LOCALES ORGANIZARAN EL PATRIMONIO DE FAMILIA, DETERMINANDO LOS BIENES QUE DEBEN CONSTITUIRLO, SOBRE LA BASE DE QUE SERA INALIENABLE Y NO ESTARA SUJETO A EMBARGO NI A GRAVAMEN NINGUNO;

XVIII. SE DECLARAN REVISABLES TODOS LOS CONTRATOS Y CONCESIONES HECHOS POR LOS GOBIERNOS ANTERIORES DESDE EL AÑO DE 1876, QUE HAYAN TRAIDO POR CONSECUENCIA EL ACAPARAMIENTO DE TIERRAS, AGUAS Y RIQUEZAS NATURALES DE LA NACION, POR UNA SOLA PERSONA O SOCIEDAD Y SE FACULTA AL EJECUTIVO DE LA UNION PARA DECLARARLOS NULOS CUANDO IMPLIQUEN PERJUICIOS GRAVES PARA EL INTERES PUBLICO.

XIX. CON BASE EN ESTA CONSTITUCION, EL ESTADO DISPONDRA LAS MEDIDAS PARA LA EXPEDITA Y HONESTA IMPARTICION DE LA JUSTICIA AGRARIA, CON OBJETO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD JURIDICA EN LA TENENCIA DE LA TIERRA EJIDAL, COMUNAL Y DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD, Y APOYARA LA ASESORIA LEGAL DE LOS CAMPESINOS.

SON DE JURISDICCION FEDERAL TODAS LAS CUESTIONES QUE POR LIMITES DE TERRENOS EJIDALES Y COMUNALES, CUALQUIERA QUE SEA EL ORIGEN DE ESTOS, SE HALLEN PENDIENTES O SE SUSCITEN ENTRE DOS O MAS NUCLEOS DE POBLACION; ASI COMO LAS RELACIONADAS CON LA TENENCIA DE LA TIERRA DE LOS EJIDOS Y COMUNIDADES. PARA ESTOS EFECTOS Y, EN GENERAL, PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA AGRARIA, LA LEY INSTITUIRA TRIBUNALES DOTADOS DE AUTONOMIA Y PLENA JURISDICCION, INTEGRADOS POR MAGISTRADOS PROPUESTOS POR EL EJECUTIVO FEDERAL Y DESIGNADOS POR LA CAMARA DE SENADORES O, EN LOS RECESOS DE ESTA, POR LA COMISION PERMANENTE.

LA LEY ESTABLECERA UN ORGANO PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA AGRARIA, Y

XX. EL ESTADO PROMOVERA LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL, CON EL PROPOSITO DE GENERAR EMPLEO Y GARANTIZAR A LA POBLACION CAMPESINA EL BIENESTAR Y SU PARTICIPACION E INCORPORACION EN EL DESARROLLO NACIONAL, Y FOMENTARA LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL PARA EL OPTIMO USO DE LA TIERRA, CON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, INSUMOS, CREDITOS, SERVICIOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA. ASIMISMO EXPEDIRA LA LEGISLACION REGLAMENTARIA PARA PLANEAR Y ORGANIZAR LA PRODUCCION AGROPECUARIA, SU INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION, CONSIDERANDOLAS DE INTERES PUBLICO.

EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL Y SUSTENTABLE A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, TAMBIEN TENDRA ENTRE SUS FINES QUE EL ESTADO GARANTICE EL ABASTO SUFICIENTE Y OPORTUNO DE LOS ALIMENTOS BASICOS QUE LA LEY ESTABLEZCA.

Nasciturus

Es un término jurídico que designa al ser humano desde que es concebido hasta su nacimiento. Hace alusión, por tanto, al concebido y no nacido.

En muchas legislaciones, el nasciturus no tiene personalidad jurídica. Sin embargo, y dado que generalmente la adquiere al nacer, en ciertas circunstancias se le reconoce una serie de derechos. Así, el nasciturusse encuentra protegido por el ordenamiento jurídico pues se le considera "un bien jurídico necesitado de tutela". Por otra parte, una vez acontecido el nacimiento la mayor parte de legislaciones existentes reconocen constitucionalmente derechos a toda persona nacida.

Antecedentes

Según el Derecho Romano, al nasciturus no se le consideraba persona, por lo que en la Antigua Roma el aborto estaba permitido; sin embargo, se le reconocían derechos al nasciturus. Por ejemplo, si la mujer embarazada estaba condenada a muerte, la ejecución se posponía hasta el nacimiento.

Protección Jurídica General

Derecho Constitucional

El nasciturus tiene una especial protección en las Constituciones Políticas de varias naciones latinoamericanas que se refieren especialmente al ser humano desde el momento de la concepción, como sucede en el caso de República Dominicana (2010), Ecuador (2008)^, El Salvador (1999)^, Guatemala (1985), Paraguay (1992) y Perú (1993)

Derecho Civil

En Derecho civil se tiene en cuenta el concepto de nasciturus a la hora de contraer derechos y obligaciones. Si bien depende de cada ordenamiento jurídico, en España se considera al feto como tal hasta 24 horas después del nacimiento (norma que procede del Derecho romano, y cuya finalidad es evitar traspasos de bienes y derechos en los casos de bebés que mueren a las pocas horas de su nacimiento). Por otro lado, al nasciturus se le reconocen derechos en el orden civil. El más importante suele consistir en su derecho a heredar de su padre, si éste último muriese durante su gestación (hijo póstumo).

Derecho Penal

En el Derecho penal, se considera así al feto desde el momento de la concepción hasta su nacimiento, o al momento del corte del cordón umbilical (según cada regulación el momento exacto puede variar). Si bien depende de cada ordenamiento jurídico, se suele diferenciar entre el nasciturus y la persona a la hora de tipificar el delito que supone terminar con su vida.

En el caso del nasciturus el delito es el del aborto, que normalmente tiene una pena menor y, en algunos casos y países, está despenalizado.

En el caso de la persona, el delito es el homicidio o el asesinato.

¿ Y si no estaba muerto ? 

Efectos legales que producen si, una vez iniciada y declarada la presunción de muerte, aparece el presunto muerto

Capitulo V de la presunción de muerte del ausente, declaracion judicial de presunción de muerte.

Artículo 4.373. Cuando haya transcurrido un año y medio desde la declaración de ausencia, el juez, a instancia de parte, declarara la presunción de muerte.

Respecto de las personas que hayan desaparecido por causa de guerra, de un siniestro, desastre o secuestro, bastara que hayan transcurrido tres meses, contados desde su desaparición, para que pueda hacerse la declaración de presunción de muerte, sin que en esos casos sea necesario que previamente se declare su ausencia; pero si se tomaran las medidas provisionales relacionadas con sus bienes

Artículo 4.374. Declarada la presunción de muerte, se procederá a denunciar la sucesión correspondiente. Los poseedores provisionales rendirán cuenta de su administración.

Presencia del presunto muerto

Artículo 4.375. Si el presunto muerto se presentare o se probare su existencia después de otorgada la posesión definitiva, recobrara sus bienes en el estado en que se hallen, el precio de los enajenados, o los que se hubieren adquirido con el mismo; pero no podrá reclamar frutos.

El procedimiento de declaración de ausencias esta regulada en el Código Civil para el Distrito Federal, en cuanto a los efectos, es lógico al momento en que no estaba ausente, es decir resegar las codas hasta antes de su desaparición, si hubo repartición de sus bienes, los bienes del menor.

Sobre la Tutela

La Tutela es una institución jurídica cuyo objeto es la guarda de la persona y sus bienes, o solamente de los bienes o de la persona, de quien, no estando bajo la patria potestad, es incapaz de gobernarse por sí mismo por ser menor de edad o estar declarado como incapacitado.

Según la legislación de cada país, la tutela puede ir o no acompañada de las siguientes figuras:

1. Consejo de Familia, integrado por ascendientes directos del menor que ejercen las funciones de tutelaje o de defensores del menor. En otros países estas funciones las realiza el defensor judicial o el juez.
2. El defensor judicial que, con independencia de a quién se encomiende la tutela, vigila el cumplimiento de las obligaciones del tutor en beneficio del tutelado.
3. Tutela compartida por dos o más tutores. Ésta se permite en algunas legislaciones y se aconseja que uno de ellos gestione la tutoría de la persona y otro la del patrimonio.

Caso Ricardo Adair 

El pasado miércoles 16 de octubre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) resolvió el amparo en revisión 159/2013 referente al caso de Ricardo Adair con cuatro votos a favor y uno en contra.

senalizacionLa SCJN concluyó que el estado de interdicción en el Distrito Federal no resulta inconstitucional “siempre y cuando se interprete a la luz del modelo social relativo a las personas con discapacidad”. El voto en contra del ministro Cossío considera que “no es posible forzar la constitucionalidad” del estado de interdicción ya que éste “va en contra de las obligaciones contraídas por el Estado mexicano”, y que la sentencia propuesta “no sólo va más allá de lo pedido por el propio quejoso, sino incluso en contra de sus propias pretensiones”.

En las siguientes líneas argumentaremos cómo es que la sentencia 159/2013 de la SCJN es contraria a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y, de una manera más general, a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011

Breves antecedentes del caso

Ricardo Adair es una persona adulta con discapacidad intelectual (síndrome de Asperger), que vive bajo la tutela de sus padres debido a que hace cinco años fue sometido a un juicio de interdicción del cual nunca fue informado. De acuerdo con la legislación mexicana, este juicio es un mecanismo legal mediante el cual se priva a una persona de su facultad de tomar decisiones, designando un tutor que adopta cualesquier decisión en su lugar.

Por esa razón, en el año 2011, Ricardo Adair promovió un juicio de amparo indirecto en el que solicitó que se declarara inconstitucional de, entre otros, los artículos 23 y 450 fracción II del Código Civil para el Distrito Federal, que regulan el estado de interdicción. En concreto, Ricardo y sus abogados alegaron que el estado de interdicción restringe totalmente su capacidad jurídica, lo priva del derecho de tomar sus decisiones (designándole a un representante, en lugar de apoyarlo a que tome las decisiones por sí mismo) y que el estado de interdicción resulta contrario al modelo social y jurídico previsto en el artículo 12 de la CDPD.

El Juez Sexto de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal no sólo le negó el amparo, sino que consideró que lo que solicitaba Ricardo iba “en contra de toda tradición jurídica” y, ex officio (es decir, sin que Ricardo lo hubiera solicitado) ordenó que el expediente de interdicción se reabriera ante el juez de lo familiar, a efecto de que se subsanara cierto error procesal (que Ricardo fuera oído personalmente por el juez de lo familiar, conforme lo ordena la ley y fue omitido en el procedimiento de raíz).

Ante esta resolución, Ricardo interpuso el recurso de revisión correspondiente, y debido a la importancia y novedad jurídica del asunto, el recurso fue “reasumido” por la SCJN. De conformidad con el expediente de reasunción de competencia 21/2012, la Primera Sala de la SCJN tendría que determinar, con plenitud de jurisdicción, si el estado de interdicción en el Distrito Federal cumplía o no con lo establecido en la CDPD, haciendo uso del nuevo régimen de control de constitucionalidad a través de la revisión convencional reafirmado a partir de la ya referida reforma constitucional en materia de derechos humanos.

El derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad 

El derecho a la capacidad jurídica se encuentra contemplado en el artículo 12 de la CDPD, siendo el elemento central de la misma para el ejercicio de los demás derechos por parte de las personas con discapacidad. Es este artículo el precepto emblemático del cambio de paradigma que implica la CDPD en relación con el tratamiento hacia las personas con discapacidad. De acuerdo con este cambio de paradigma, las personas con discapacidad son “sujetos” del ejercicio de derechos y ya no “objetos” de caridad o misericordia y, como cualquier otra persona, tienen derecho a ejercer su capacidad jurídica de manera plena, recibiendo los apoyos que necesiten para tal efecto.

Conforme a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH), el artículo 12 de la CDPD implica un cambio sustancial en la legislación civil a nivel mundial. Lo que, de acuerdo con lo señalado insistentemente por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (Comité CDPD), sólo puede ser logrado a través del reemplazo total del estado de interdicción y demás mecanismos de sustitución en el ejercicio de la capacidad jurídica por la adopción de mecanismos de toma de decisiones con apoyo.

Con ello se potencializa la posibilidad del ejercicio no sólo del derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad –y en este caso, de las personas con discapacidad intelectual– sino también de todos los demás derechos contemplados en la CDPD, cuyo ejercicio resulta nugatorio en un sistema que parte de la premisa de eliminar su voluntad e insertar a un tercero (tutor) que ejerza los derechos de la persona en cuestión. De hecho, el Comité CDPD, en todas sus observaciones de informes de los Estados parte, se ha pronunciado de manera especialmente enfática en la falta de implementación de este derecho y la necesidad de un cambio sustancial a nivel mundial. Actualmente, el Comité CDPD se encuentra preparando su primera observación general a la CDPD, misma que versa precisamente sobre el tema de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

Contrariedad de la decisión 159/2013 de la SCJN

La sentencia del 16 de octubre de 2013 no sólo es incoherente con los estándares internacionales, sino que dice que otorga el amparo a Ricardo Adair cuando en realidad sostiene lo resuelto en su contra por el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal. En breve, lo que hizo la Primera Sala de la Corte fue mandar a Ricardo a preguntarle una vez más al Juez Trigésimo Quinto de lo Familiar del Distrito Federal, qué actos puede hacer y cuáles no, cuando la CDPD en lugar de limitar el ejercicio de decisión prevé el establecimiento de apoyos para que todas las personas con discapacidad puedan ejercer el referido derecho, en las mismas condiciones que las demás.

Según la SCJN, es posible y necesario interpretar el estado de interjección a la luz del artículo 12 de la CDPD. En este sentido, la Corte fundamenta el ejercicio de este derecho, en una decisión judicial que limitará la capacidad de una persona, dependiendo del grado de discapacidad, lo que según la SCJN es la forma en que deben presentarse los mecanismos de toma de decisiones con apoyo que establece el artículo 12 de la CDPD.

El proyecto de sentencia votado considera que “el objetivo del procedimiento de interjección es conocer la verdad material de una discapacidad y a partir de ello, en su caso, limitar la capacidad de ejercicio”, a la vez que establece que “el tutor no podrá sustituir su voluntad”. Lo cual no sólo es jurídicamente incongruente, sino que crea un estado total de incertidumbre sobre la forma en que el tutor podrá sustituirse en la voluntad de la persona con discapacidad. En este sentido, el CONAPRED considera que el sólo hecho de dejar a la discrecional del juez familiar, continuará agravando el esquema de estigma y discriminación en que viven las personas con discapacidad.

De esta forma, en lugar de establecer un modelo de asistencia en la toma de decisiones, tal y como lo manda la CDPD, la SCJN basa su resolución de nuevo en un concepto médico y erróneo de la discapacidad, al enviar a Ricardo de nuevo al juez familiar, tal y como lo había hecho el Juez Sexto de Distrito, cuando eso es lo único que Ricardo nunca solicitó. De manera perversa, en el extracto inicial del proyecto de sentencia, la SCJN le pinta la resolución a Ricardo de una manera positiva, haciendo una apología del propio concepto de discapacidad que tiene la SCJN.

Esta decisión conlleva a una privación a la capacidad jurídica de las personas y es, por lo tanto, contraria lo estipulado por el artículo 12 de la CDPD que otorga una protección absoluta y sin excepción alguna, para que las personas con discapacidad ejerzan su derecho a la capacidad jurídica. Asimismo, la SCJN ignora el incontable material internacional que le fue presentado en los cinco memoriales de “amigo de la corte”, preparados por comisiones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y expertos independientes.

La SCJN pretende mejorar un sistema (el estado de interjección), que es sustancialmente incompatible con la CDPD, reviviendo una política asistencialista del Estado mexicano que se ha opuesto históricamente al reconocimiento de este derecho a las personas con discapacidad, y que refleja una visión médica e infantilizante respecto a las personas con discapacidad intelectual. En este sentido, no podemos olvidar que la oposición de México respecto a la adopción de este artículo se presenta desde el año 2005 en el marco de la quinta sesión del Comité Ad Hoc de la CDPD. Posteriormente, el Senado de la República establece una declaración interpretativa sobre la materia, misma que fue retirada, casi por accidente, al final de la administración anterior, al basarse dicho retiro de la declaración interpretativa en el establecimiento constitucional en 2011 del principio pro homine, más que en el reconocimiento del Estado mexicano del nuevo paradigma del artículo 12 de la CDPD.

En resumen, la sentencia 159/2013 de SCJN es no sólo contraria a los estándares internacionales obligatorios para el Estado mexicano y, por lo tanto, contraria al análisis de convencionalidad que debe realizar la Corte conforme a la reforma constitucional de 2011, sino que es moralmente inaceptable para el máximo órgano legal de este país. El cual lejos de adoptar una resolución progresista que hubiera sido bien observada por la comunidad internacional, entorpece nuevamente el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad intelectual.

Afortunadamente, al menos uno de los ministros estudió el asunto y consideró lo incongruente de la resolución. Ricardo deberá ahora analizar la posibilidad de adoptar nuevas estategias para la defensa de su causa. Las organizaciones de personas con discapacidad, a partir de este momento, tendrán que analizar la posibilidad de continuar con su entorpecida lucha, esta vez frente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, u otros órganos legislativos a nivel local en que se logren implementar el cambio de perspectiva y promesas del artículo 12 de la CDPD.

Sofía Galván. Experta en temas relacionados con derechos de personas con discapacidad, trabajó para Disability Rights International

Emmanuel A. Cárdenas R. Abogado por la Universidad Panamericana, cuenta con estudios en diversas universidades del extranjero. Funge actualmente como responsable probono del despacho de abogados Acedo Santamarina, S.C. y es miembro titular del Consejo Directivo Nacional de la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, A.C. (CONFE).

[1] La sentencia final no ha sido publicada al día de hoy, por lo que basamos la presente nota en la versión preliminar de dicha sentencia así como en las propias discusiones vertidas por la SCJN al resolver el caso en cuestión.

¿ Menores con Capacidad Jurídica?

Esta reforma dará un nuevo giro en nuestro Código Civil Federal, ya que, está basado principalmente en la forma de vida que tendrán los conyugues, pensando en todas las características que involucra llevar a cabo un matrimonio o contrato como lo llamarían algunos autores, como: Rojina Villegas.

Tiene como prioridad la ayuda mutua, así, como el respeto e igualdad de derechos y deberes dentro de él, con los conyugues e los hijos, teniendo siempre en cuenta el cariño, afecto y respeto.

Es importante mencionar que en México hay una alto índice de matrimonios que son de menores los cuales por falta de madures terminan o se disuelven al poco tiempo de haberse celebrado, llevando este, a un procedimiento no muy gustoso principalmente por los hijos que se tuvieron durante el tiempo que la pareja vivió en familia.

Considero que es una decisión tenas, es común en estos tiempos ver adolescentes embarazadas en las calles haciendo algún tipo de actividad con sus pequeños, en lugar de encontrarse en la escuela, estudiando por un mejor porvenir y realización personal o profesional. Constantemente este tipo de parejas adolescentes no tuvieron los cuidados necesarios para evitar este tipo de situación, por lo que en la mayoría el hombre es el que abandona a la mujer, quedando esta, como tutora del o la menor.

Es por ello que aparte de incrementar la edad para contraer matrimonio también se llegó al acuerdo de los requisitos que serán solicitados para contraerlo, esto como medida de seguridad y aseguramiento, algunos de los jóvenes que lo solicitan tienen una madurez física que no es de acuerdo a su edad, es decir; aparentan una edad más grande de acuerdo a los años que se tiene en realidad o viceversa. Es como la frase que escucho comúnmente que hace un niño cuidando a otro niño, las parejas que tienden a tener hijos a una edad prematura tienden a perderse de muchas cosas que son comunes a su edad, por ejemplo salir con la familia, amigos, el que se haya aprobado el límite de edad para contraer matrimonio no quiere decir que vaya a funcionar y ser duradero, pero sí que se tenga una mejor madurez para pensar las cosas y enfrentar de una manera distinta las situaciones que se presentan.

Como lo mencione anteriormente, es por ello que se pronunció a favor que la mayoría de edad para contraer matrimonio fuera a los 18 años de edad tomada con conciencia y asumiendo las consecuencias derechos y obligaciones que se adquieren al realizar el mismo.

Ubiquemos en el Código Civil de nuestra entidad, lo que estipula sobre la edad mínima requerida para contraer matrimonio.

En el estado de México la edad mínima que estipula el código civil se encuentra en:

•  Libro Cuarto
• Del Derecho Familiar
• Titulo Primero 
• De la Familia y el Matrimonio
• Capitulo I
• De la Familia 

 Edad para contraer matrimonio.

 Artículo 4.4.Para contraer matrimonio, la mujer y el hombre necesitan haber cumplido dieciocho años.